MERCEDES FERNÁNDEZ/ Las cámaras de videovigilancia son una alternativa que garantiza la seguridad del personal sanitario frente a las agresiones que se producen en las consultas de los centros sanitarios.
Varios colegios de médicos ya han solicitado a la administración pública más medidas de apoyo a la integridad física, como son, por ejemplo, más personal de seguridad o la instalación de cámaras de videovigilancia.
Todavía hay quien se muestra un poco reticente a estar observado por cámaras durante toda la jornada laboral y se pone en duda la legalidad de las grabaciones. No obstante, saben que es una buena opción debido a que la mayoría de las agresiones suceden fuera de la vista del personal de seguridad, es decir, en las consultas.
Debido a estas dudas de posible vulneración del derecho a la intimidad, ¿Qué requisitos habría que cumplir para que se puedan instalar las cámaras?
Requisitos para instalar cámaras de videovigilancia
Cuando se habla de instalación de cámaras de seguridad en el centro de trabajo, muchos están reacios a esta medida porque quieren seguir preservando su intimidad o se sienten cohibidos sabiendo que hay una cámara grabándoles en todo momento.
Sin embargo, existe un reglamento en el que se aplica la Ley de Protección de Datos y en el que se garantiza que las imágenes solo se utilizarán con fines de seguridad. El médico quiere protegerse a toda costa, pero habría que ver si la instalación de cámaras de seguridad vulneraría el derecho a la intimidad del paciente.
El título VIII del Real Decreto 1720/2007 establece unos controles mínimos de cumplimiento de datos que son, por ejemplo:
- Grabar imágenes y no la voz
- La cámara tiene que estar orientada a lugares donde el paciente no se quite la ropa
- También, a su vez, tiene que estar orientada a lugares donde la cámara no grabe documentos, ni pruebas médicas, que habitualmente guardan la intimidad del paciente y la protección de datos.
Datos de agresiones a personal sanitario
Según un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, en un análisis elaborado para el año 2019-2020, refleja que algunas comunidades autónomas (Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana y Principado de Asturias) han elaborado y actualizado la normativa, protocolos de actuación, campañas para afrontar las agresiones en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Las agresiones han existido siempre, pero estas medidas pretenden que se reduzcan a cero. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un sistema adecuado y eficiente de protección ya que entre un 34%-36% de las agresiones ocurren en la consulta. Aunque muchas de ellas no se notifican.
La mayoría de las agresiones verbales y amenazas y la causa más frecuente por la que se «justifican» las agresiones, es el trato recibido. Sin embargo, en 2020 se registró un incremento de causas ajenas a la organización o la asistencia prestada.